Tanto
la Sala Constitucional como la Asamblea Legislativa hicieron lo suyo, pero aun
dependíamos de la voluntad dentro de la CCSS. Desde la perspectiva de los
trabajadores independientes con procedimientos en curso, la estrategia era una
sola: los cobros debían ajustarse a cuatro años (con las reglas propias del
instituto de la prescripción), y el pago se limitaría al cobro de cuotas
sociales, eliminándose sanciones e intereses. La opción se tornó atractiva como
una forma alterna al conflicto sin fin en sede administrativa.
Sin
embargo, la declaratoria de la prescripción y la aplicación de la amnistía de
intereses y sanciones (también llamada condonación de recargos o accesorios) se
convirtió en el nuevo flanco de batalla entre la Caja y los independientes. Aquellos
trabajadores independientes con procedimientos abiertos tenían 2 opciones posibles:
1.
Esperar que la Gerencia Financiera
resolviera el recurso de apelación, aplicara la prescripción y, posteriormente
se solicitara la condonación de intereses y sanciones en fase de cobro.
2.
Desistir del recurso de apelación, y
tramitar tanto la petición de prescripción como la solicitud de la condonación
en fase de cobro.
Para
finales del 2023, ambas opciones deberían llegar al mismo resultado, pero ¿cuál
de las 2 opciones era la mejor opción en ese momento? El riesgo en la primera
opción es que no se podía asegurar cuando sería resuelto el recurso interpuesto
ante la Gerencia Financiera, lo cual podía ocurrir con posterioridad al
vencimiento de la amnistía. Mientras que la segunda opción impone a la Dirección
de Cobros (fase de cobro) un plazo reglamentario de 20 días para resolver la petición
prescripción, para avanzar con la condonación. A mi juicio, en ese momento
existía mayor seguridad en el segundo camino.
Tras
la evidente incertidumbre, la Asamblea Legislativa aprobó una prórroga a la
condonación mediante Ley No. 10432 “Prórroga de la Amnistía para la Formalización y
Recaudación de las Cargas Sociales”. Sin embargo, la extensión de tiempo no
ha sido suficiente. Con el temor de abrumar al lector con
las siguientes líneas, muestro el proceso al que ha debido enfrentarse la gran
masa de trabajadores independientes:
· Aunque
el desistimiento es un acto voluntario en el que se solicita dejar sin efecto
las pretensiones, el (la) trabajador(a) debe esperar a que la Gerencia
Financiera acoja el desistimiento para que la deuda adquiera firmeza.
· Aunque
la consecuencia del punto anterior es que el asunto pase a fase de cobro, ello no
opera automáticamente. La Dirección de Cobros instruye al trabajador
independiente para que se dirija al inspector(a) que inicialmente empezó el
procedimiento para que la deuda sea facturada.
· Una
vez que se factura, la deuda aparece a cobro y finalmente la Dirección de
Cobros puede entrar a conocer la petición de prescripción y otorga 1 mes de
plazo para pagar.
· La
solicitud de arreglo de pago no será recibida formalmente sino hasta después de
que haya vencido el mes para pagar.
· Vencido
el mes, el trabajador independiente debe enviar la documentación necesaria para
aplicar la condonación. Cumplido lo anterior, y sin certeza de fecha, debe
esperar que se le otorgue cita para firmar el convenio administrativo de pago,
o bien, le sea enviado el documento para firma digital (si cuenta con ella).
Aunque la intención de los
trabajadores independientes es finalizar rápidamente con este calvario, los
procesos internos de la CCSS son lentos y complejos por lo que el proyecto de
Ley No. 24579, pretende una segunda extensión por doce meses adicionales. Si
bien el objetivo es facilitar que las personas afectadas por deudas pendientes
con la Caja regularicen su situación, también es una forma de brindar
seguridad jurídica a aquellas personas afectadas por la demora administrativa
de la CCSS.
