Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminaron positivamente el proyecto de Ley contra el Fraude Fiscal (exp. 19.245), el cual otorgará nuevas herramientas a la Dirección de Tributación para cobrar a los evasores de impuestos. Tal es el caso de la posibilidad de embargar bienes a los contribuyentes morosos.
Ahora, la Comisión enviará el texto al plenario, donde será sometido a dos debates.
El expediente tuvo el apoyo de nueve diputados y el rechazo de uno. A favor se pronunciaron Javier Cambronero y Henry Mora, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Francisco Camacho y José Ramírez, del Frente Amplio; William Alvarado y Rosibel Ramos, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Paulina Ramírez y Rolando González, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (ADC).
Votó en contra Otto Guevara, del Movimiento Libertario.
Con la reforma, Tributación podrá pedir el embargo de bienes registrales de los morosos hasta por dos años, solo con autorización de un juez. La oposición excluyó la posibilidad de embargar cuentas bancarias.
Asimismo, en la etapa final de la tramitación del proyecto, los opositores ampliaron el tiempo requerido para que Tributación pueda practicar un embargo de bienes registrales a un contribuyente alegando silencio positivo.
El Ejecutivo pretendía que, si un juez no respondía la solicitud en tres días, Tributación procediera con el embargo. Sin embargo, el plazo para declarar el embargo quedó en diez días: los jueces tendrán cinco días para dar audiencia al contribuyente y cinco para resolver. La oposición se negó a permitir la aplicación del silencio positivo ante la falta de respuesta judicial.
El Gobierno no logró reducir ese plazo, pero la oposición sí aceptó la solicitud del Ejecutivo para que los jueces puedan adoptar medidas provisionalísimas de congelamiento de los bienes registrales, ya sea de oficio o por solicitud de la oficina de cobros de Tributación, para evitar que estos sean traspasados durante un proceso de cobro de impuestos, ante sospecha de un caso grave de posible defraudación.
Las medidas provisionalísimas se dictan en el mismo momento en que se solicitan los embargos preventivos.
Por otra parte, el proyecto creará un registro de quiénes son los accionistas y los beneficiarios finales de las personas jurídicas, al cual tendrán acceso Tributación y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) siempre que cuenten con la autorización de un juez. Esta base de datos permitirá al Gobierno cotejar las declaraciones de impuestos de las personas con los ingresos que también perciban por medio de sociedades.
A última hora, la oposición y el Ejecutivo chocaron en cuanto a la definición de beneficiario final.
Los opositores querían que, para entrar en esa calificación, una persona tuviese que cumplir con tres requisitos: ser accionista mayoritario, ser el responsable administrativo de una empresa y ser el representante legal según lo establecido en los estatutos de la sociedad.
Luego de una negociación con Zapote, se introdujo una ‘o’ en los requisitos, de manera que se considerará beneficiario final a quien cumpla alguna de estas condiciones:
-Ser el accionista mayoritario
-Ser el máximo jerarca administrativo
-Ser el representante legal
-Tener al menos un 15% de participación accionaria
El registro de accionistas lo manejará el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
El texto dictaminado mantendrá el derecho de acceso del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) a los datos tributarios incluidos en el registro, cosa que la oposición había excluido este martes del plan.
El proyecto también conservó la posibilidad de sancionar a los asesores tributarios de las personas que evadan impuestos.
Ley con fuerza.
Para el director de Tributación, Carlos Vargas, se logró mantener en parte la fuerza del proyecto de ley.
El director del ICD, Guillermo Araya, presente durante la aprobación del dictamen, resaltó la potestad que tendrá la institución para vigilar los movimientos de organizaciones sin fines de lucro, que muchas veces sirven de mampara a la delincuencia organizada.
Otto Guevara anunció que presentará 750 mociones para intentar frenar el trámite del plan contra el fraude y que llevará la iniciativa a consulta facultativa en la Sala Constitucional, una vez que esté aprobado en primer debate.
El libertario se opone a la creación del registro centralizado de accionistas, a las sanciones a los asesores tributarios de las empresas y al embargo de bienes por sospecha de evasión fiscal, entre muchos otros aspectos de la iniciativa.
Por su parte, el oficialista Henry Mora reconoció, en el plenario legislativo, que hace solo dos semana temía fuertemente que el plan contra el fraude fiscal fracasara. Sin embargo, repuso que la aprobación en Comisión, luego de fuertes negociaciones entre Gobierno y oposición, le devolvió la esperanza, a pesar de la promesa de atraso de Guevara.
Agradecen.
Antes de la votación, legisladores como la liberacionista Paulina Ramírez, el oficialista Franklin Corella, Francisco Camacho del Frente Amplio y Mario Redondo resaltaron el trabajo hecho para llegar al término del trámite en la Comisión.
Sin embargo, Redondo criticó declaraciones que el presidente Solís realizó más temprano, en las que manifestó un temor de que la oposición quisiera debilitar las armas estatales para la lucha contra el fraude fiscal.
«Lo que uno espera es que quienes están en el Gobierno pongan prudencia y sensatez en sus mensajes, pero quien preside el Gobierno cae en el juego de politizar una materia, que si alguien quiere arrastrarla al debate mediocre lo puede hacer, porque se presta para que alguno saque pasquines en medios de comunicación diciendo que hay un sector que defiende el capital», aseguró el congresista cartaginés.
A pesar de que han sido constantes los choques entre los diputados del Frente Amplio y la presidenta del foro hacendario, Rosibel Ramos, el frenteamplista Francisco Camacho reconoció el trabajo de la socialcristiana en la dirección del debate.
«Dimos una demostración de política de altura, al sentarnos a consensuar, a proponer, el Gobierno estuvo perennemente detrás del proyecto, en Hacienda y el ICD. Esperamos que surja el efecto que esperamos», añadió Camacho.
Mientras tanto, Paulina Ramírez alabó el trabajo de los asesores, quienes prepararon los cambios que cada bando quiso implementar en el proyecto de ley.
Buena señal.
Para el primer vicepresidente y ministro de Hacienda, Helio Fallas, es fundamental la señal que da el avance de este proyecto para los organismos internacionales, las calificadoras de riesgo de inversión y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
«Es uno de los proyectos más importantes de la reforma tributaria que este gobierno presentó al Congreso. Quiero resaltar lo que significa en términos internos, pues hará que los contribuyentes estén en pleno conocimiento de las implicaciones que tiene ejercer una serie de maniobras (para evadir el pago de impuestos)», apuntó Fallas.
El ministro agradeció a todos los implicados en el proceso, desde diputados hasta asesores y jerarcas del Ministerio de Hacienda, entre ellos el director de Tributación, Carlos Vargas, y la directora de Hacienda, Priscilla Piedra.
«Aún queda un poquito de camino para que el proyecto sea una ley», advirtió el vicepresidente.
AARÓN SEQUEIRA
aaron.sequeira@nacion.com
